La Seremi del Trabajo y Previsión Social, Susana Calderón Romero; junto a la Encargada Regional de la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales – ChileValora- Catalina Serrano Le Roy; la Directora Regional del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), Karla Vicencio Rojas, y la Encargada del Área de Inclusión Laboral de la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD), Catalina Calvo Herrera, hicieron un llamado a todas las empresas de la Región de Valparaíso y el país a seguir avanzando en materia de la incorporación laboral efectiva para personas con discapacidad, a través de la implementación de un gestor de inclusión, en el marco de la entrada en vigencia -el pasado 1 de noviembre- de la ley 21.275, la cual a obliga a todas las empresas con más de 100 empleados a contar que dicho rol al interior de sus equipos.
En concreto, el “Gestor de Inclusión” es quien debe propiciar las instancias que permitan promover la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad dentro de las empresas, esto con el objetivo de los trabajadores y trabajadoras, tengan igualdad de condiciones para mantenerse y desarrollarse en dicho espacios.
Al respecto, la Seremi del Trabajo y Previsión Social de la Región de Valparaíso, Susana Calderón Romero, detalló que “Esta normativa, la cual complementa a la Ley 21.015 del año 2018, viene antecedida de un largo proceso donde, como país, hemos ido reconociendo las habilidades y el enorme aporte que los hombres y mujeres en situación de discapacidad, pueden realizar en sus espacios de trabajo, lo cual además, ayuda a consolidar una de las mayores barreras que estas personas tienen para consolidar su inserción social efectiva, como lo es la autonomía económica, y que mejor forma de hacerlo que garantizando, a través de las herramientas legales, dicha condición”
“En ese sentido, la ley debe además, transformarse en un instrumento que impulse el cambio cultural efectivo, avanzando hacia una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, y es ahí donde sin duda, aún tenemos un enorme camino por recorrer”, destacó la Seremi del Trabajo y Previsión Social de Valparaíso.
Formación para perfil de “Gestor de Inclusión Laboral”
Por otra parte, cabe mencionar que, en el marco de la entrada en vigencia de la ley 21.275, el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales – ChileValora- ha dispuesto la posibilidad de certificar a los trabajadores y trabajadoras que cumplan dicho rol al interior de las empresas.
Al respecto, la Encargada Regional de ChileValora, Catalina Serrano, enfatizó que “a nivel país, nuestra institución ya ha certificado a más de 460 trabajadores y trabajadoras como gestores de inclusión laboral, junto a otras 1.500 que ya se encuentran en proceso. Cabe destacar que la función de este perfil es coordinar un diagnóstico de inclusión laboral de personas con discapacidad en la organización, además de gestionar la implementación del plan para avanzar en la materia e impulsar acciones de capacitación sobre el tema, de acuerdo a un enfoque de derechos y normativas vigentes”.
“Asimismo, la evaluación de dicha competencia consiste en recoger evidencias directas o indirectas en el puesto de trabajo o bajo modalidad de simulación, donde un evaluador verifica el cumplimiento o no de las diversas destrezas”, subrayó la Encargada Regional de ChileValora.
En tanto, la Directora Regional del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), institución dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Karla Vicencio Rojas, señaló que “en el marco de la entrada de vigencia de la ley 21.275, nuestro rol es promover una cultura de igualdad y no discriminación en todo ámbito. Para ello, contamos con el Programa de Apoyo a la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad (PAIL). A través de esta iniciativa, se promueve el enfoque de derechos, la capacitación y orientación constante a los equipos de Recursos Humanos o de Gestión de Personas, considerados agentes claves en los procesos de inclusión”
Precisamente, el organismo que actualmente ya está ejecutando este programa es la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD). La Encargada del Área de Inclusión Laboral de esta institución, Catalina Calvo Herrera, señaló que “Si bien la Ley 21.015 fue la que nos permitió abrir el camino en materia de inclusión efectiva en los espacios y lugares de trabajo, esta normativa entrada en vigencia el pasado 1 de noviembre nos entrega las directrices para transitar por él. La figura del Gestor de Inclusión es imprescindible para asegurar que las empresas y organizaciones cuenten con las herramientas técnicas idóneas para impulsar la inclusión laboral efectiva y sostenible en el tiempo”.
“En ese sentido, como Fundación Chilena para la Discapacidad, somos ejecutores del PAIL, cuyo objetivo es que tanto instituciones públicas como privadas sujetas a la implementación de la ley 21.015 cuenten con procesos inclusivos para la contratación de personas con discapacidad, mediante acciones desde los enfoques de derechos y de género”, destacó Catalina Calvo.
Cabe destacar además que este próximo 24 de noviembre, FCHD realizará el lanzamiento de la modalidad online de dicho programa. Para más consultas, las empresas interesadas pueden escribir a programa.inclusion@fchd.cl
La inclusión laboral en cifras
La Ley de Inclusión entró en vigencia en abril de 2018.
Hasta la fecha, y desde la entrada en vigencia de la Ley, se han registrado un total país de 88.627 contratos de trabajo suscritos, de los cuales, más de 57 mil se encontraban vigentes al momento de la medición.
De este total superior a los 88 mil contratos, sigue existiendo una notoria brecha de género entre el número de contratos vigentes: Solo un 36,3% de estos corresponde a contratos firmados por mujeres, mientras que un 63,7% fueron suscritos por hombres.
Del total país de estos contratos suscritos desde la entrada en vigencia de la ley, Valparaíso concentra el 7,6% del total, es decir, 6.735 contratos.
Asimismo, de acuerdo a cifras de la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) la mayoría de las ofertas laborales vigentes, corresponden a trabajos presenciales, pese a las nuevas posibilidades de trabajo a distancia que dejó la pandemia, no entregando alternativas para personas con, por ejemplo, movilidad reducida.
Según la Dirección del Trabajo hasta junio del 2022 de un universo cercano a las 11 mil empresas que se encuentran en condiciones de cumplir con esta normativa, sólo 2.268 empresas han realizado el trámite de comunicación electrónica informando sobre su estado de cumplimiento.
